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Derechos humanos de los pueblos indígenas

Instituto De Educacion Superior Nº 7 “POPULORUM Progressio – In.Te.La.”

Tipo de Organismo: Instituto de Formación Docente

Jurisdicción: Jujuy

Distrito: San Salvador De Jujuy

Dirección: Sarmiento 268

Ejes Temáticos:

Nivel Primario; Secundario; Superior

Modalidad: Presencial

Horas Presenciales: 36 hs.

Horas Virtuales: 0 hs.

Destinatarios: Docentes EIB; Docentes y directivos

“Los pueblos originarios como colectivo han sido objeto de graves violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales por su condición de indígenas, además de la falta de reconocimiento, hasta hace poco tiempo, de su condición de sujeto colectivo portador de derechos particulares. La irrupción de los pueblos indígenas como sujetos de derechos quiebra el carácter estadocéntrico con el que el derecho internacional de los derechos humanos ha venido normando a quiénes son sujetos colectivos.
En el Simposio Indolatinoamericano realizado en Oaxaca (México) en 1993 un disertante indígena iluminó sobre el asunto:
Por qué insistimos tanto en el hecho de que somos pueblos De la misma manera que cuando hablamos de derechos humanos individuales hemos de remontarnos a la noción de individuo, el reconocimiento de que somos pueblos es para nosotros fundamental, pues constituye el punto de partida para que se admita que tenemos derechos colectivos. Individuos es a derechos individuales como pueblos es a derechos colectivos. Desde nuestro punto de vista, los indígenas obtenemos nuestra identidad en tanto somos miembros de una familia y de una comunidad, y nunca de una manera aislada, como individuos separados. Así pues, no es que para nosotros no existan derechos individuales ni que esto se contraponga a nuestros derechos colectivos. Lo que ocurre es que nuestros derechos y obligaciones individuales derivan de los derechos y obligaciones que tenemos por ser miembros de una comunidad .
Para entender la relación existente entre derechos humanos y pueblos indígenas resulta necesario comprender el orden cosmovisional y cultural indígena como procesos con autonomía propia, con lógicas económicas y políticas. Esto supone tener en cuenta que todas las culturas tienen concepciones propias sobre cómo entender la dignidad humana y a partir de allí desarrolla una serie de instituciones propias sustentada en principios y valores que les permiten identificarse como sociedad. Los conflictos para la construcción de un pacto intercultural comienzan cuando estas concepciones son diferentes y no se expresan como derechos humanos, según el formato construido y exigido por Occidente.
Son los Derechos Humanos una creación de Occidente Cuál es la relación que puede vincularlos con los pueblos indígenas
Conforme a lo sostenido por Martínez de Bringas para avanzar en el diálogo jurídico entre culturas debe establecerse conexiones interculturales entre los diferentes códigos e indicadores con los que las culturas han venido entendiendo y comprendiendo los derechos humanos. Esto supone lanzarse a la búsqueda de un nuevo sujeto de derechos y nuevas lógicas de fundamentación.
Debe entenderse que los procesos culturales indígenas como derechos:
a) funcionan como derecho fundante y condición de posibilidad para el ejercicio de otros derechos sociales, civiles y políticos (autonomía, participación, consentimiento previo, libre e informado) y colectivos (tierra-territorios, patrimonio cultural, etc.).
b) Adquieren sentido y consistencia desde el orden cosmovisional en el que se arraigan y desde el que se despliegan (diferente concepción del tiempo y espacio).
El paradigma de la simplicidad opera en la racionalidad occidental mediante los principios de disyunción, reducción, abstracción e idealización. Esta construcción responde a parámetros que comprimen e incomunican las distintas parcelas de la realidad. El modo de llevar adelante en sociedad esta tarea implica procesos de separación para clasificar la realidad en dualismos opuestos (principio de disyunción) y exigir la toma de partido por uno de ellos (principio de reducción), para luego subordinar una categoría a otras concibiendo a uno de muchos elementos como el más valioso (principio de abstracción) y los demás subordinados y por último por medio de la abstracción idealizar los conceptos y teorías por sobre la realidad material (principio de idealización) . De esta forma se han clasificado a los derechos en individuales y colectivos y realizado históricamente una opción por los primeros sobre los segundos. No obstante,
No es nada obvio que los derechos humanos sólo puedan ser derechos atribuidos a personas o a sujetos individuales. Nada impide, en efecto, que también los grupos o sujetos colectivos puedan, en razón de determinados rasgos compartidos, tener pretensiones en torno a ciertos intereses o necesidades comunes. Si bien el derecho de sindicación o el de asociación son derechos de titularidad individual, el derecho de los sindicatos o de las asociaciones de consumidores y usuarios a negociar y defender sus intereses son derechos colectivos.
También lo serían el derecho de los pueblos al desarrollo o los derechos de las minorías nacionales o culturales a fortalecer su capacidad de autogobierno, a proteger la lengua o ciertas características culturales que les permitan sobrevivir como tales .
Como contrapartida se propone el paradigma de la complejidad que atendiendo el contexto reubica la simplicidad. Este paradigma rompe las dualidades de modo dialógico, entiende que pueden presentarse conceptos en pares pero no en oposición necesariamente, pueden complementarse o incorporarse otros elementos. Propone el principio recursivo-organizacional que se contrapone a la racionalidad científica occidental secuencial (el efecto de una causa puede ser incluso la misma causa que lo generó como por ejemplo individuo y cultura, el primero produce a la segunda que a la vez lo produce a él). Por último su carácter hologramático procura reconoce al otro en su individualidad que al igual que un holograma contiene toda la información de ese organismo (un ser humano representa a toda la humanidad) .
Los derechos humanos de los pueblos indígenas se mueven dentro de esta lógica y asumen como desafío la construcción de una concepción de derechos humanos pluralista, compleja, relacional e interdisciplinaria, respetuosa de la identidad cultural de cada pueblo y sus percepciones particulares sobre la dignidad humana comprendiendo las dinámicas interculturales en el contexto de la globalización, adoptando una racionalidad y una ética de la vida y avanzando hacia el pleno reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas tanto en un sentido preparatorio como sustancial.
En cuanto al ordenamiento jurídico interno de la República Argentina debemos considerar la sensible modificación operada a partir de la última reforma constitucional, al reconocer la preexistencia étnica y cultural se asume como Estado plurinacional y pluricultural. En 1994, en cumplimiento del mandato de la Ley 24.309 que expresaba la necesidad de adecuar los textos constitucionales a fin de garantizar la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, la Convención Constituyente deroga el inciso e incorpora en su articulado los derechos de los pueblos indígenas. El nuevo inciso 17 del artículo 75 que conforme al nuevo articulado remplaza al cuestionado inciso 15 del artículo 65 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural y asegura la participación indígena en la gestión de los recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.
Otra modificación constitucional producida en el año 1994 de significación trascendental es la del artículo 75 inciso 22 referida a los tratados internacionales. Luego de reconocer a los tratados internacionales y concordatos jerarquía superior a las leyes, atribuye jerarquía constitucional a un listado de declaraciones, tratados y convenciones de derechos humanos en las condiciones de su vigencia, a saber: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración Universal de los Derechos Humanos; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención sobre los Derechos del Niño. Este reconocimiento coloca a la República Argentina a la vanguardia internacional de la defensa de la dignidad de la persona humana a nivel normativo.
También a nivel provincial distintas provincias han incluido en su texto artículos específicos relacionados con las comunidades indígenas. En la actualidad podemos citar a las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Río Negro, Chubut, Neuquén, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.
Subrayamos la importancia, entre otras, de las leyes nacionales 23.302 y 26.160 (prorrogada por la ley 26.554). La primera es de carácter general y aborda en diferentes capítulos los derechos a la tierra, educación y salud, entre otros. La segunda suspende los desalojos a las comunidades indígenas de las tierras que tradicionalmente ocupan por el término de cuatro años y ordena la realización de un relevamiento técnico jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
Cabe destacar que específicamente en el ámbito educativo, la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional señala como uno de sus objetivos principales el Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as.
A nivel internacional vale reconocer la tarea destacada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia ya que fue el primer organismo que comprendió la complejidad de la cuestión. En las primeras décadas del siglo XX surge la preocupación por el estado de explotación laboral de indígenas. Comprendieron que no era posible regular el trabajo independiente de otras condiciones necesarias para su subsistencia y desarrollo como pueblos tales como el territorio, cultura, educación, participación, salud, entre otros. La integralidad del pensamiento indígena impide separar cada aspecto, todo se encuentra interrelacionado. Así aprobó el Convenio 107, de tinte más bien asimilacionista, y lo superó luego con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas o Tribales en Países Independientes, que sienta las bases de un modelo plural, basado en el control indígena de sus propias instituciones y modelo de desarrollo y en su participación en las políticas estatales. Este último convenio rompe explícitamente con el integracionismo y sienta las bases de un modelo plural, basado en el control indígena de sus propias instituciones y modelo de desarrollo, y en su participación en las políticas estatales.
Fruto de la lucha de los pueblos indígenas de todo el mundo el día 13 de Septiembre de 2007 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas marcó un hito histórico aprobando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En términos generales, partiendo de los principios de dignidad e igualdad de los pueblos indígenas y su derecho a determinar libremente su destino, establece un marco universal de estándares mínimos de respeto. Recoge y profundiza las conquistas realizadas en las últimas décadas en el derecho internacional.
Regula, entre otros, los siguientes derechos y reconocimientos a favor de los pueblos indígenas, sus comunidades y sus miembros: al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; igualdad y no discriminación; a la libre determinación, autonomía y autogobierno en asuntos internos; a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido; a la participación y consulta antes de aplicar medidas que les afecten; al respeto por su derecho consuetudinario, a mantener las instituciones políticas, jurídicas, sociales, económicas y culturales propias; a la participación en la vida política, económica y social de los Estados interesados; a la preservación de los valores culturales; derechos relativos a las religiones, los idiomas y las instituciones educacionales; al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales; a determinar y elaborar sus prioridades de desarrollo; la conservación y protección el medio ambiente; a mantener y desarrollar sus sistemas de medicina tradicional; a establecer los propios medios de información; protección de la propiedad cultural e intelectual; protección contra el genocidio y el etnocidio.
Otros documentos internacionales de derecho ambiental abordaron los derechos indígenas por su vinculación especial. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) realizada en Río de Janeiro aprobaron el denominado Programa o Agenda 21 cuyo capítulo 26 refiere especialmente a los pueblos indígenas. El párrafo j) del artículo 8 de la Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992 aprobado en Nairobi refiere a los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
Por otra parte debemos expresar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recoge y aplica los principios y disposiciones de la Declaración, recordemos el valor obligatorio de sus fallos conforme a la costumbre jurídica internacional. En materia de Derechos Humanos, tanto los tratados incorporados al derecho interno (tengan o no jerarquía constitucional) como el derecho de gentes, han de merecer una interpretación en coordinación con la Constitución, que acentúe la tendencia a la maximización y optimización progresiva del plexo de derechos constitucionales.
Para todo docente resulta necesario conocer la problemática actual que atraviesan los Pueblos Originarios desde una perspectiva integral de derechos humanos a fin de hacer realidad los preceptos constitucionales que hablan de respeto por la identidad y educación bilingüe e intercultural de las comunidades indígenas, con más razón si se desarrollan tareas en contextos de pluriculturalidad, lo cual demanda un profundo proceso de análisis y reflexión por parte de la sociedad en general y de los docentes en particular.
Esta propuesta pretende abordar los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en sus aspectos básicos y nociones fundamentales, teniendo en cuenta aspectos jurídicos y prácticos, utilizando casos reales como disparadores para la incorporación de los conceptos pertinentes y para la reflexión compartida.”